“Estamos siguiendo con atención todo lo que está pasando porque nos interesa que se esclarezcan ciertos hechos que se produjeron. Fueron variados, complejos y en muchos casos significaron manejo irregular de fondos públicos”, dijo.

“Así como investigamos la administración probablemente fraudulenta en el Ministerio de Desarrollo Social desde 2014 en la compra de bienes y servicios que vinculaban al ex ministro Roberto Lugo, seguimos con Lotería Chaqueña en agosto de ese año con respecto a compras de camisetas a valores que triplicaban el precio de plaza y se pagaban a personas que no eran proveedores”, reseñó.

“Continuamos con el caso PIMP SA porque vivimos en Resistencia y sabemos que la administración de la comuna es compleja y los servicios son deficitarios”, recalcó.

“Queríamos probar que los problemas son de administración y no de falta de recursos. En ese contexto analizamos la formación de la empresa PIMP, como también sus titulares. Conseguimos información disponible en diferentes sitios de Internet y con la colaboración de empleados municipales que vamos a mantener en el anonimato”, precisó.

“El documento que elaboramos es sobre el manejo de la basura convencional, los residuos domiciliarios, y los residuos sólidos no convencionales. Estos últimos son los que los vecinos sacan a la calle como ramas o escombros y que uno llama a un 0 800 para que la municipalidad los retire”, indicó.Según los datos obtenidos, sumados los dos contratos, se pagaron 500 millones de pesos para una firma “desconocida”, en un proceso licitatorio “poco claro y transparente”. “Pero además aparecían dirigentes y personas relacionadas con la intendenta de ese momento, Aída Ayala”, denunció Nuñez.

“El Centro Mandela no se mete en los procesos electorales ni se mete con los candidatos. Sólo vamos a los hechos y para nosotros no hay años electorales o no. El dinero que se desvía genera malos servicios en la municipalidad, y la provincia a nivel de la salud, la seguridad, la educación y más. Estamos acostumbrados a que los funcionarios digan que no alcanzan los fondos y nosotros creemos que eso es sólo porque creció la corrupción”, disparó.

“Fuimos convocados por la Fiscalía Federal en el mes de enero. Se nos preguntó los elementos que teníamos en todo lo que se está investigando. Luego de evaluar eso, nos pusimos a disposición de la misma, ofreciendo todos nuestros datos”, manifestó

“Leyendo los pagos que recibía PIMP, las sumas eran verdaderamente abultadas y el servicio no mejoró de cuando era la ciudad quien realizaba el trabajo. Parecía un contrato innecesario porque restaba muchos fondos”, concluyó.

Mucho más que 10 lanchas y una mansión

“Comenzamos a mirar qué hacia la justicia penal provincial. Es la que tiene la mayor crisis de neutralidad, transparencia, eficiencia e independencia interna y externa de todo el Poder Judicial”, recordó.

Y considero que el penal “es el fuero que peor funciona desde hace muchísimos años”. “Desalienta a la comunidad, que descree de la Justicia”, analizó.

“Estamos hablando de personas involucradas que posiblemente cometieron delitos contra la administración pública a través de malversación de fondos, enriquecimiento ilícitos, violación de deberes del funcionario público, abuso de autoridad. Estimamos que significan millones y millones de pesos, que no se agotan en la compra de 10 lanchas o una casa. Es mucho más significativo y habrá que determinar los destinos de esos fondos”, anticipó.

Estimó que “el fiscal federal debe probar los delitos anteriores para saber cuál fue el origen del dinero ilegal. Y dónde fue ese dinero. Si se lo sacó del país, se lo guardó o si se lo convirtió en moneda de valor estable. En el medio quedan los dos delitos federales: evasión tributaria y lavado de activos”.

“El dinero se originó desde la función pública es la hipótesis. ¿Dónde fueron destinados? ¿A comprar lanchas o mansiones? ¿Hay más?”, se preguntó Nuñez.

“Queremos investigar la ruta del dinero y no perdemos de vista la ruta Paraguay”, avisó.

“La causa que tiene como protagonista a Horacio Rey y la que tiene a Jacinto Zampayo no se encuentran por el momento. La primera comenzó con un sobre anónimo con muy buena información, con fuentes que sustentaba la información. La metodología era la que aplicaba Lugo en Desarrollo Social y con la aparición de Rey creció la escala y se aplicó en otros organismos del Estado”, detalló.

Aunque pidió “mirar mucho más atrás porque los delitos continuados no prescriben”. “Queremos ver otros fondos fiduciarios. Hay fondos millonarios en Salud para la compra de ambulancias y prótesis, en Infraestructura para la construcción de viviendas con cooperativas, el Ministerio de Educación, la compra de bienes y servicios que se operan en su totalidad a través de Fiduciaria del Norte”, analizó.

Pantalla para la corrupción

“Fiduciaria del Norte, que es una SA y no está sometida a los métodos de fiscalización del Estado. Ya tenemos datos reveladores, extremadamente preocupantes, sobre su funcionamiento y son datos oficiales confeccionados por el propio organismo en sus balances”, adelantó.

“La Comisión Nacional de Valores está mirando con mucho detenimiento a la Fiduciaria del Norte porque está operando en la bolsa de valores. Y está operando con mucha intensidad”, agregó.

Para finalizar, aseguró que “el costo operativo de la Fiduciaria del Norte, es costosísimo”. “Es millonario el gasto de funcionamiento y los directores se dieron 133% de aumento e incrementaron el gasto de representación en más del 200%. Y al personal se le incrementó más el 60%, cuando el aumento para el sector público el año pasado fue de 12% promedio. En contraste, el balance sostiene que la firma ganó sólo 500 mil pesos en un año”, destacó.

“Esta fiduciaria se creó con buenas intenciones, se desnaturalizó en el camino y manejan millones de pesos del sector público y termino siendo una empresa pantalla para la corrupción”, sentenció.

“Los informes del Centro Mandela se conocieron públicamente de una y otra manera y la justicia provincia durmió una siesta eterna. Podrían haber parado esto antes”, finalizó.