El tramo final del mandato de Domingo Peppo terminará signado por las huellas del violento ajuste impuesto al sector público paralelamente que, al igual que el estado nacional, empujó al sector privado a la crisis. Eso no quiere decir que dentro de los gravísimos aprietos impuestos por su gestión no haya habido ganadores, especialmente los que sostenidos por la millonaria pauta cerrada en secreto bajo siete llaves siguen denunciando a la “legión de empleados públicos”, en donde acomodaron parientes y favorecedores.

Fue el propio gobierno nacional al que el gobierno chaqueño consideró necesario “defender” el que terminó llevando el relato que justificó el ajuste en la provincia hacia su desenmascaramiento. De allí, el Centro de Estudios Nelson Mandela tomó datos para darle la puntada final a la situación real de la caja provincial.

En Chaco la ejecución de recursos y erogaciones en el primer semestre de 2018, comparado con  igual periodo de 2017, muestra un nítido resultado primario positivo. El déficit de   2.176 millones de pesos registrados el año pasado, se pasó a  un superávit de 1.039 millones en los meses de 2018. El crecimiento fue de 3.215 millones de pesos.

El resultado financiero, que incluye los pagos de la deuda pública,  disminuyó drásticamente. Se redujo el  déficit de   2.713 millones a 231. La variación positiva  fue de más del 90%, o sea de   2.482 millones de pesos, muy cerca de que se alcance  el equilibrio financiero.

Todo esto sin que la provincia haya tomado los 4200 millones de pesos de deuda que tiene autorizado por la Legislatura para financiar déficit del año 2017. La realidad financiera tuvo que ser admitida por el gobierno “La coparticipación vino muy bien para los municipios este mes”, dijo el gobernador aunque su expresión casi no se pueda encontrar en los medios de comunicación.

Lo hizo cuando los intendentes deben lidiar con la eliminación del Fondo Sojero y luego de que la Nación anunciara la imposición de retenciones que va a permitir mejorar los ingresos nacionales, paradójicamente sin que se levante la presión del ajuste.

Pero si vino bien para los municipios, también vino bien para la provincia.

La conclusión es que finalmente esto fue el gobierno de Domingo Peppo. Sólo instrumento del ajuste nacional en la provincia. Uno de los delegados más cabales del gobierno de Mauricio Macri, pese a que fue votado por un partido opositor al del presidente.

Hay 2019, pero también responsabilidad en el Frente Chaco Merece Más, aunque los discursos inflamados del intendente Jorge Capitanich en su virtual lanzamiento hecho en el Domo del Centenario parezcan decir otra cosa.

El secreto del gobernador quedará todavía más expuesto. Este mes deberá presentar el presupuesto 2019. A diferencia de años anteriores, a estas alturas las cifras son conocidas por la oposición de Cambiemos en el Chaco, además de estar a metros de la línea de largada del año electoral.

El gobernador quiere instalar la idea de que tiene chances y aspiraciones para un nuevo período electoral. En el acto del Domo descartaban de plano cualquiera aventura peppista. Algunos de las principales espadas del radicalismo tendrán ahora la palabra. Especialmente estos últimos manejan los datos nacionales mejor que nadie.

La relación de Peppo con Macri se retomará el martes cuando el mandatario chaqueño asista a la convocatoria del presidente para mostrar apoyo al proyecto de presupuesto nacional para el año que viene. El jefe de Estado provincial parece haber delegado en el vice Daniel Capitanich las asistencias a eventos con tinte opositor, reservándose las de marcado tono oficialista.

Lo que no se investiga

El contexto del ajuste suma necesariamente el caso de Ismael Rodríguez asesinado en Presidencia Roque Sáenz Peña. No hubo un sólo empresario que salga en defensa del dueño del Impulso del Barrio 713 Viviendas. Hubo llamados de la Federación Económica a las autoridades a garantizar que habrá límites al denominado “robo rapiña” pero las lentas investigaciones de este hecho permitieron conocer otros elementos que no se tuvieron en cuenta hasta ahora. Las denuncias de retención de tarjetas (alimentarias o de Anses, eso no está claro) pudieron haber sido el disparador de los acontecimientos.

¿Tenía que ver eso con la alta volatilidad de precios que impulsó el brusco salto del dólar a 40 pesos y la incertidumbre en los precios? No parece una preocupación para la Justicia. Debiera serlo porque esas prácticas son las que van a frenar la pacificación en el barrio. Dependerá de eso o será el supermercado con más custodia de la policía para siempre.

Gremios en lucha

Esta semana vence el plazo que había puesto la ministra de Educación Marcela Mosqueda para convocar a los sindicatos y abrir la paritaria. El gobierno piensa ofrecer algo más pensando en el año electoral que viene que en lo que queda de 2018.

Los gremios docente están entre los más combativos, sin anuncios volverán los paros esta semana.

Los jueces que recibieron un aumento extraordinario volvieron a la carga a reclamar mayores aumentos. El inflexible  Superior Tribunal les hizo un guiño a los empleados a los que siempre descontó incluso horas de paro. Ahora avisó uno de los ministros que “El reclamo de los trabajadores hace tiempo que está y si han decidido a través de sus organismos realizar el paro tendrán sus razones, las habrán expuesto y yo soy respetuoso de las organizaciones que tomen los sindicatos”.

Para empujar sus reclamos necesitan la protesta de los empleados.

UPCP retoma las medidas de fuerza tras suspender una marcha el viernes último. El sector público está paralizado. En rigor no hubo una semana de todo lo que va del año sin que se produjera un reclamo.

Pero la novedad es transporte público. La eliminación de subsidios comenzará en pocos meses. Pero una dosis de futuro se probó esta semana. Este lunes deberían depositarse los haberes de los choferes. La transferencia de los fondos nacionales se demoró en la provincia y desató el reclamo.

Pero qué pasará cuando no haya demora, sino inexistencia de fondos. Hasta dónde deberán dispararse las tarifas. El precio de 35 pesos asusta.

Cárcel común para Rey

El traslado de Horacio Rey a la cárcel federal U7 parece haber puesto fin a las comodidades y garantías que podía darle el gobierno provincial al ex secretario General de la Gobernación. El ex mano derecha del gobernador podría acogerse a los beneficios de la delación premiada denominado imputado colaborador y recuperar la libertad prácticamente de inmediato. Las revelaciones que pudiera dar deberían demostrar que los hechos de corrupción que lo mantienen preso en realidad suben.

Quizás por eso hubo un fuerte operativo para evitar que saliera de la Comisaría en la que estaba detenido. Las posibilidades de que las autoridades de la Seccional pasaran al escarnio de trascender las condiciones en las que estaba alojado movieron finalmente a pedir su traslado.

Sobre esto jugaron las presiones que incluso empresarios de medios intentaron y la propia Casa de Gobierno hizo una jugada desesperada que finalmente no rindió frutos.

Rey lleva seis meses detenido con prisión preventiva una pena leve en la investigación que lleva adelante la Justicia provincial y una agravada en la parte que toca a la Federal demandaría un buen tiempo más tras las rejas antes de recuperar la libertad.

Esta semana se conoció que la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva que le dictó la juez Zunilda Niremperger. A él y a prácticamente el resto de los detenidos, como Roberto Lugo, le queda la chance de una nueva apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Pero no a todos. El procesamiento y prisión preventiva de Gustavo Katavich quedó firme porque su abogado no se presentó a la audiencia donde debía fundamentar la apelación. El excontador del Fondo Fiduciario de Pautas Publicitarias ya puede estar seguro de que va a esperar preso el juicio oral y público. La Cámara Federal declaró desierto el recurso y no tiene más instancias de apelación.